El Gobierno habilitó el arbitraje internacional para los futuros contratos de concesión de Belgrano Cargas

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional autorizó la incorporación de un mecanismo de arbitraje internacional en los futuros contratos de concesión de obra pública de las líneas ferroviarias de carga General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1216/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que habilita la posibilidad de resolver determinadas controversias entre el Estado y las empresas concesionarias ante un tribunal arbitral con sede en Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Según la normativa, el mecanismo de arbitraje con prórroga de jurisdicción podrá aplicarse cuando la empresa concesionaria, alguno de sus accionistas con una participación no inferior al 10% del capital social con derecho a voto o sus acreedores garantizados estén constituidos o domiciliados fuera de la Argentina.

Además, se establece que el conflicto económico deberá ser de monto no cuantificable o superar los US$500.000 para acceder a esta instancia de resolución de controversias.

El Poder Ejecutivo fundamentó la medida en la necesidad de ampliar la participación de empresas interesadas en los futuros procesos de concesión ferroviaria.

En ese sentido, el decreto señala que la incorporación de esta alternativa busca “garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento de selección”, mediante condiciones que favorezcan la participación de oferentes internacionales.

Asimismo, sostiene que la posibilidad de recurrir a un tribunal arbitral fuera del país apunta a promover “la participación de oferentes extranjeros y la posibilidad de un acceso más extendido a fuentes de financiamiento internacional”.

De acuerdo con los fundamentos oficiales, el objetivo es facilitar las inversiones necesarias para la modernización de la infraestructura ferroviaria, luego de que Belgrano Cargas y Logística fuera declarada sujeta a privatización.

La disposición también establece límites específicos sobre los bienes del Estado que podrían quedar alcanzados por eventuales medidas de ejecución derivadas de controversias contractuales.

En particular, aclara que la elección de una sede arbitral internacional “no implica renuncia alguna de la República Argentina a su inmunidad de ejecución”.

Por ese motivo, quedan expresamente excluidos de posibles embargos los bienes, reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como las propiedades de dominio público y los activos destinados a la prestación de servicios públicos esenciales.

La protección también comprende los fondos presupuestarios estatales, los bienes de carácter militar y aquellos que integran el patrimonio cultural de la Nación.

La medida fue dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, y en el marco de lo establecido por las leyes 17.520 y 27.742.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Con esta disposición, el Gobierno incorpora una alternativa de resolución de conflictos para los futuros contratos de concesión de las tres líneas ferroviarias de carga, como parte de las condiciones previstas para el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística.